Actualmente no faltan motivos para considerar que el compliance está alcanzando niveles de maduración nunca vistos en nuestro país. A lo largo de la última década se ha consolidado como un instrumento idóneo para la consecución de aspiraciones clásicas como el fomento de las mejores prácticas empresariales, la mejora de la eficiencia en la asignación de recursos, o la lucha contra la delincuencia corporativa. En este contexto la profesionalización del compliance afronta ahora una nueva etapa que sin duda estará marcada por nuevos retos como la aceleración digital o las vicisitudes impuestas por la pandemia pero sobre todo, por la necesidad de contar con nuevos perfiles profesionales con nuevos roles y responsabilidades que van más allá de los que antaño se atribuyeron a la figura del compliance officer. Esta profesionalización del compliance alcanza también a la Administración de Justicia evidenciando la necesidad de contar con un perfil experto debidamente capacitado para acometer con éxito la importante labor de auxiliar al tribunal juzgador ante una materia compleja y, en cierto modo, también disruptiva.